“Tristeza”, exclama Anxo Cereijo Roibás.
Asesor en comunicación digital del Gobierno británico, ingeniero y
padre de tres hijos, siente una honda desilusión y decepción al año del
referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
“Cuando llegué en 2002, me encantó el país. Me pareció abierto,
multicultural, acogedor. Durante estos años te entregas, lo defiendes,
vives, trabajas, compartes… Yo estaba entusiasmado con los británicos,
pero, de repente se aproxima el Brexit
y los europeos sobramos. Me cuestiono si quizás nunca me quisieron. No
soy el único que se siente así. Es un sentimiento bastante
generalizado”.
Gallego de 51 años, Anxo estudió ingeniería en la Universidad de
Navarra y realizó en Milán un máster y un doctorado en diseño y
comunicación. Una oferta de trabajo, como docente en la Universidad de
Brighton, le condujo al sur de Inglaterra y finalmente a la capital del
Reino Unido. “Vivía en Italia y quería un cambio. Londres me gustaba
mucho. Para mí era la capital de Europa”, señala. Recuerda cómo los
amigos antes le miraban “con envidia” al ubicarle en la ciudad del
Támesis pero ahora les parece “una tragedia”.
Cereijo no anticipaba la victoria del fuera en el plebiscito del 23 de junio de 2016.
“No me esperaba ese resultado. Optaron por aislarse y sentí de
inmediato que habían tomado una decisión totalmente equivocada. Fue un
gran impacto, pero lo peor vino después cuando afloró el racismo y la
xenofobia, y la mayoría simplemente se resignó. Esperaba ver una
reacción, gente enfadada, pero después de la votación les dio todo igual
y se conformaron con el resultado a sabiendas de que tomaron una
decisión basada en mentiras”.
Es verdad que se convocaron manifestaciones a favor de la UE que
secundaron decenas de miles de personas. Marcharon varias generaciones
de familias del bloque perdedor -el 48% contrario al Brexit- y de
comunitarios residentes en Reino Unido, a quienes se negó el derecho al
sufragio. El futuro de esta comunidad, que cuenta con más de dos
millones de individuos -más el millón largo de británicos ubicados en
España y otros países de la UE continental- seguía incierto la víspera
de las negociaciones de divorcio con la Unión Europea que se abrieron
formalmente el 19 de junio, casi tres meses después de la invocación del
Artículo 50. “La gente está defraudada. Si el Gobierno de Theresa May
se hubiera comprometido a proteger los derechos del los residentes, la
percepción hubiera sido distinta”, dice Cereijo.
Las marchas no desembocaron en una protesta sostenida. Por el
contrario, se propagó la sumisión ante el voto popular y la premisa de
que la salida de la UE es inevitable. “La gente fue asumiendo el Brexit.
Lo han aceptado con resignación y sin protestas. Me cuesta entender esa
actitud. Me parece fatalista. Es cierto que fue un voto popular, pero
se basó en mentiras y es de esperar que la gente se enfade al descubrir
la verdad. Esa actitud de resignación sería impensable en España”,
lamenta el ingeniero.
El crimen de odio se disparó antes y después del plebiscito. En la recta final de la campaña, la diputada laborista Joe Cox fue apuñalada y tiroteada a muerte
a las puertas de la biblioteca de Birstall, en donde solía atender a
los electores de su circunscripción en el centro de Inglaterra. El
asesino, Thomas Mair, era
un tipo solitario, con obsesiones ultrafascistas que vivía en la misma
ciudad. “Mi nombre es muerte a los traidores, libertad para Gran
Bretaña”, espetó en su primera comparecencia judicial.
Un segundo pico de violencia sectaria se cobró la vida de Arkadiusz Jozwick
en Harlow, en el condado inglés de Essex, el pasado 4 de septiembre. El
trabajador polaco se golpeó fatalmente en la cabeza tras ser agredido
por una pandilla de adolescentes. Su amigo escapó con vida de la
reyerta, provocada al parecer porque conversaban en una lengua
extranjera. Un chaval de 15 años está acusado de homicidio y continúa en
libertad condicional a la espera de juicio.
Entretanto se han multiplicado los incidentes contra personas y
locales frecuentados por extranjeros. Un centro de la comunidad polaca
en Londres apareció con pintadas racistas en la fachada al día siguiente
del cierre de las urnas. Daniel Way, inglés de 37 años, embistió con una viga de madera contra Tomás Gil,
un joven valenciano que charlaba tranquilamente con su amiga en una
calle de Poole, ciudad costera del sur de Inglaterra. De acuerdo con el
fiscal, el asaltante le gritó a la víctima: “¡habla inglés!’”.
El crimen de odio creció un 19% en 2016 respecto al año anterior,
según las últimas estadísticas oficiales, publicadas en octubre. El
incremento más fuerte (79%), se registró en la casilla de racismo,
seguido del 12% en la de fobia sexual y el 7% en religiosa. Datos más
detallados, compilados por el Consejo Nacional de Jefes de Policía
(NPCC, por sus siglas en ingles), marcaban un incremento del 58% en las
denuncias por odio en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte cuatro
semanas después de la victoria del Brexit.
Un sondeo del diario The Guardian entre las embajadas londinenses de
países de la UE indica que los ciudadanos de Europa del Este aparecen
con mayor frecuencia como diana de ataques o abusos racistas. La
publicación de este dato coincidió con la confirmación de que los
polacos son el grupo más numeroso de población no nacida en Reino Unido.
Han desplazado a los indios en la cúspide de la tabla de residentes
extranjeros y representan el 9,7% de los residentes extranjeros.
La incidencia de abusos contra nacionales de Europa del Este está sin
duda relacionada con la agresiva retórica del Partido de la
Independencia del Reino Unido (UKIP). La formación eurófoba y
anti-inmigración focalizó durante años sus más feroces diatribas en
búlgaros y rumanos, los últimos comunitarios en obtener en enero de 2014
el pleno derecho de trabajo y residencia en las islas británicas. El
UKIP repartió entre su propaganda tarjetas postales con imágenes de
cucarachas en alusión a la “invasión de millones de habitantes” de ambos
países que se avecinaba debido a la política de “puertas abiertas a la
inmigración”. Un cartel de la campaña del referéndum sobre el Brexit
reproducía una fotografía de refugiados sirios junto a la leyenda:
“Punto de saturación: la UE nos ha fallado a todos”.
“UKIP está cargando los fuegos de la ignorancia y la xenofobia
populista, vendiendo remedios improvisados para sanar nuestros supuestos
males económicos y sociales”, denuncia Nick Ryan,
director de comunicaciones en Hope Not Hate (HNH), organización
dedicada a combatir el fascismo y el extremismo en todas sus formas y
expresiones.
Incitación en la prensa populista.
Tabloides conservadores como el popular Daily Mail contribuyen a
extender la xenofobia en artículos ilustrados con mensajes supuestamente
patrióticos. Una plataforma de internet, Stop Funding Hate
(Dejad de financiar el odio) mantiene una campaña de presión para que
las grandes y pequeñas corporaciones dejen de contratar publicidad en
The Sun y Daily Express además del Mail. El objetivo es cortar el grifo a
los medios que “demonizan a los extranjeros y las minorías” sociales,
étnicas o religiosas.
Las estadísticas no reflejan el cuadro completo del odio racial en
Inglaterra. Muchos incidentes no se denuncian para evitar problemas o
porque ya forman parte de lo cotidiano y lo permitido por amplios
sectores de la sociedad. Una francesa a la que otras madres dejaron de
extender las típicas frases de cortesía a la puerta del colegio de sus
hijos. Una española que estaba leyendo el periódico en el metro de
Londres cuando de pronto un desconocido le suelta: “Ah, ¿pero entiendes
inglés?”. El veinteañero que vive en un pueblo del noreste de Inglaterra
y ya no se atreve a ir al pub porque le miran mal. El taxista que trata
a una analista financiera como ciudadana de segunda clase durante el
trayecto hasta la City. También comentarios en vivo y en internet del
orden de “Regresar a vuestro país”, “Ganó el fuera, os tenéis que
marchar”, “Lástima que no podamos echar a patadas a estos indios
también”…
Son unas pocas de las muchas anécdotas que se escuchan desde la
inesperada irrupción del Brexit. “No son situaciones graves pero sí son
indicativas del ambiente dominante hoy día en Inglaterra. El racismo
quizá siempre ha existido, pero antes no se atrevían a exteriorizarlo
tan claramente”, apunta Francesca, profesora de universidad que se
reserva su apellido.
“Hay xenofobia”, responde Cereijo sin dudarlo. “Desde el referéndum
se ha aceptado que hay demasiados europeos y que vienen a robar el
trabajo a los ingleses. Comienzan a ver al europeo como algo negativo”.
El diseñador trabaja actualmente en el Ministerio de Justicia -estuvo en
la nómina de Interior cuando su titular era Theresa May-
y ha experimentado el cambio de actitud de colegas y conocidos. “Los
extranjeros se hacen notar menos. Con mis amigos españoles hablamos en
inglés para llamar menos la atención. No es por miedo a posibles
agresiones, sino por las actitudes y comentarios racistas. En el trabajo
es común escuchar a compañeros afirmar: ‘espero que la UE se divida y
fracase, que el euro se vaya a pique’. ¿Cómo pueden decirme eso de mi
país? ¿Por qué desean la desgracia de la UE cuando son ellos los que
quieren irse y nadie les está echando. Me resulta muy irrespetuoso”,
lamenta.
Este ingeniero cuenta otra historia personal, relacionada con la
búsqueda de una buena guardería para sus hijos en el distrito
multicultural del este de Londres en donde vive con su pareja, un
enfermero polaco especializado en salud mental. “Un colega me dijo:
‘allí todos son extranjeros. Si quieres un consejo, busca una guardería
con muchos niños ingleses’. Ahora es legítimo hacer un comentario tan
racista. Lo dijo delante de otros compañeros y se lo tomaron como algo
normal. La xenofobia existía y ha salido a flote ahora”, denuncia.
El fotógrafo inglés Michael Sanders tiene su estudio
en un pueblo de Linconlshire, condado con un elevadísimo porcentaje de
europeos continentales residiendo en él. El voto pro Brexit en esta
región de granjas y empresas alimentarias superó la media nacional del
52%. La puntuación máxima alcanzó el 75,6% en Boston, ciudad donde los
portugueses se han visto eclipsados por trabajadores de países adheridos
a la UE a partir de 2004.
El artista, de origen londinense, se desesperó cuando un vecino
granjero le dijo “da miedo ir allí con tanta gente hablando otros
idiomas”. Por otro lado, Sanders aún saborea el colosal fracaso del
candidato de UKIP en las elecciones generales del 8 de junio en este
distrito radicalmente euroescéptico. Por el escaño de Boston y Skegness
competía Paul Nutall, quien quedó en tercera posición, por detrás del
ahora diputado conservador y el aspirante laborista. Nutall sumó 3.308
votos y días después dimitió como líder del partido. Fue la primera baja
política de unos comicios que arruinaron la autoridad de la primera
ministra y líder conservadora, Theresa May, y pusieron en cuestión la
continuidad de su Brexit duro.
El empujón de salida. “Perdimos algo esencial en el
referéndum y desde entonces no veo a Inglaterra como un país acogedor.
Ya no podemos vivir aquí. Me siento engañada y con la imagen que tenía
de los ingleses completamente destruida”, apunta Francesca. Muchos
británicos se sienten avergonzados del golpe de timón aprobado por sus
compatriotas, pero la experiencia de la profesora catalana con su
círculo de amistades cercanas es distinta. “Los ingleses son fríos, no
muestran sus sentimientos y amigos de hace años se están comportando
como si nada hubiera cambiando con el voto a favor del Brexit. Estamos
perplejos y decepcionados”, cuenta. Al menos ha recibido señales
solidarias de personas más concienciadas políticamente que “temen
quedarse solas con esta purria” de paisanos si los europeos se van
-forzados o voluntariamente- de la isla.
El Brexit puede ser el empujón para mudarse definitivamente fuera del
Reino Unido. “El empresariado español ha adoptado una posición de
esperar y ver. Es una espera tranquila, sin inquietud. Nadie está
pensando en irse. Puede ser la gota que colme el vaso, pero no es la
decisión fundamental por la que los empresarios cierren y se vayan del
país. A nivel personal es distinto y hay muchos planteándose que es el
momento de volver”, señala Igor Urra, secretario de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña.
Para Cereijo el trabajo es el “principal obstáculo” a una mudanza
inmediata. Pero tiene claro que no se siente a gusto en Londres. “Aquí
no hay ni nunca hubo un sentimiento europeo. Para ellos la UE solo es
una entidad funcional y económica. Ven a los europeos como inmigrantes y
como un problema de migración. Viví en Italia, trabajé en Finlandia y
Alemania, y nunca me sentí ni me trataron de inmigrante. Desde el
referéndum soy un inmigrante en Londres”, asegura.
Casualmente, en el mismo verano de 2016 recibió el certificado de
nacionalidad británica que había solicitado cuatro años antes. Reino
Unido restringió en 1983 la nacionalidad por nacimiento -el llamado
derecho del suelo o ius soli- para limitarla a hijos de padres
extranjeros con "residencia estable” en la isla. “Lo hice por los niños y
ahora somos británicos, pero no cambia nada. No me hace sentir
británico y me consideran un inmigrante”, advierte.
Francesca se acuerda de quienes “no pueden mudarse por cuestiones
familiares, laborales, porque no les gusta su país o no tienen energía
ni medios para comenzar de nuevo en otro punto de la UE”. En estos casos
la consigna en círculos diplomáticos es aguardar sin mover pieza al
acuerdo que se alcance sobre los expats, los expatriados a los que ambas
partes prometen darle prioridad en las negociaciones del divorcio.
Pesadilla burocrática.
Este consejo no está calando entre los residentes de la UE en las islas
británicas. Se cursaron 65.000 solicitudes de residencia en Reino Unido
en el segundo semestre de 2016, de las que un cuarto aproximadamente
fueron rechazadas por no cumplir los requisitos o por errores
burocráticos. La tramitación es de armas tomar: hay que rellenar un
formulario de 85 páginas, justificar todas las salidas del país durante
un periodo de cinco años, presentar certificados de las empresas en las
que se ha trabajado en ese plazo de tiempo, de recibos caseros, de
extractos bancarios…
En la ventanilla única, servicio de asesoría proporcionado por la
Embajada española, las cuestiones más repetidas giran precisamente en
torno a la solicitud de residencia. El principal problema es el
comprehensive sickness insurance, un seguro médico de cobertura global
cuya necesidad nunca se publicitó y que ahora se exige a los ciudadanos
de la UE que no han cotizado en Reino Unido durante su estancia en el
país. “Es el caso de estudiantes y de personas con recursos suficientes
para vivir y que no trabajan ni por cuenta propia ni ajena”, informa un
funcionario español. Este requisito puede afectar a los que dejaron el
trabajo para ocuparse de los hijos o de un familiar enfermo, a las
viudas, asistentes privados o gente que ha vivido al margen del sistema
en alguna fase de los cinco años mínimos requeridos para aspirar a ganar
la residencia permanente en el Reino Unido.
La montaña acumulada de solicitudes llevó al ministerio del Interior a
reasegurar en su web que “no es necesario hacer nada como resultado de
la activación del Artículo 50 y no habrá ningún cambio en los derechos y
el estatus de los nacionales de la UE residentes en Reino Unido
mientras el Reino Unido continúe dentro de la UE”. A los que aún piensan
solicitar un “documento para confirmar su estado de residencia”, les
recomienda apuntarse a la base de datos para recibir alertas por correo
electrónico.
“El Home Office (Ministerio del Interior) está saturado y no quiere
recibir más solicitudes, pero la gente no se fía. Tiene miedo de que les
echen del país o de que suban la tarifa del papeleo. Los que quieren
quedarse tarde o temprano tendrán que rellenar el formulario”, advierte
Cereijo.
La inquietud ante un futuro incierto, las trabas burocráticas, el
cambio de ambiente y otros factores personales empujan al éxodo hacia el
continente. Asimismo, se aprecia un parón en el número de europeos que
están entrando en Reino Unido. La migración neta (diferencia entre
extranjeros que entran en Reino Unido y británicos que marchan) se
contrajo en 84.000 individuos hasta 248.000 estimados en 2016. Esta
reducción se debió principalmente a las 40.000 salidas de residentes
permanentes de las islas británicas. La mayoría, ciudadanos de la UE.
La fuga de talentos y el bajón en la inmigración es de momento
sectorial, pero está afectando particularmente a la sanidad pública. En
el NHS (National Health Service, la sanidad pública británica) trabajan
57.000 europeos y el número de enfermeros no británicos nacidos en la UE
ha caido en un 92% desde el referéndum Brexit.
“Nunca eres cien por
cien de aquí”, sostiene una ejecutiva española que se mudó a Londres
antes de la adhesión de España a la UE y tiene garantizada la
residencia. “Siempre te sientes un poco inmigrante, pero no puedes
dejarte llevar por sentimientos oscuros. Hay que caminar con los ojos
bien abiertos, observar la intensa actividad, el dinamismo de la ciudad y
la gran cultura cívica que no encuentras en otras capitales europeas”.
Su ciudad adoptiva votó en contra del Brexit. •
EL DOBLE TROPEZÓN DE LOS CONSERVADORES
“¿Estás bromeando? Otra vez, no, por Dios. De verdad, no puedo
aguantar más esto. Hay demasiada política en este momento. ¿Por qué
tiene que hacerlo?”. Así respondió Brenda, una
pensionista de Bristol, al periodista de la BBC que le preguntó su
opinión sobre la convocatoria de elecciones anticipadas por Theresa May.
La reacción de la jubilada se convirtió en símbolo de la deriva de la
primera ministra conservadora y del estado del país ante la inminente
separación de la Unión Europea, que ha de consumarse antes del 29 de
marzo de 2019.
May no necesitaba convocar elecciones el pasado 19 de abril. De
hecho, llevaba meses reafirmando que el país necesitaba un periodo de
“estabilidad” tras el cisma abierto por el referéndum de la UE de junio
de 2016. La fractura es más amplia que el 52% contra el 48% de votantes
que apoyó el Brexit. Inglaterra y Gales optaron por el fuera frente a la
mayoría pro permanencia en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. Los
mayores se impusieron sobre los jóvenes que preferían ligar sus futuros
al continente europeo y desconfían de la visión romántica
neoimperialista adoptada por la jefa del Gobierno desde su designación
en julio del año pasado. Salvo excepciones, las grandes ciudades y los
núcleos urbanos también rechazaron el Brexit.
La primera ministra tomó la decisión de ir a las urnas mientras
caminaba con su marido por los montes de Snowdonia, en Gales. Justificó
su cambio de opinión en los obstáculos que el Parlamento ponía al
proceso Brexit desde que el Tribunal Supremo revalidó la supremacía del
poder legislativo sobre el Ejecutivo en una histórica sentencia de 24 de
enero de 2017. Era una excusa falsa, como expusieron numerosos
diputados desde los escaños de la oposición. El líder del Partido
Laborista, Jeremy Corbyn,
había exigido a su grupo el voto favorable a la moción que autorizó a
May a invocar el Artículo 50. Este ahora famoso pasaje de los Tratados
de la UE contiene las normas y procedimientos de la separación de un
miembro del club de Bruselas. El proyecto de ley correspondiente
concluyó su tramitación en Westminster con el texto original íntegro y
sin ninguna enmienda.
Es probable que May nunca más retome la senda de Snowdonia donde
urdió su plan electoral. Corría la Semana Santa y los laboristas se
arrastraban 15 puntos por detrás de los tories en los sondeos de
opinión. La primera ministra había heredado una mayoría de 17 escaños y
lanzó el sorprendente órdago totalmente convencida de que lograría una
arrolladora victoria en las elecciones del 8 de junio. Protagonizó una
campaña presidencialista inusual en el sistema británico, basada en la
repetición de eslóganes hasta la saciedad. Pidió el voto de todos para
dirigir un gobierno “fuerte y estable”, capaz de negociar con éxito los
términos del divorcio y la futura relación con la UE.
El electorado le negó el mandato que reclamó con arrogancia y fría
distancia de la ciudadanía. Ganó las elecciones pero perdió la mayoría
parlamentaria. Fue una victoria pírrica que ha dejado el futuro de la
primera ministra a merced de sus diputados y a su Gobierno dependiente
de la ultraderecha evangelista de Irlanda del Norte, los unionistas
protestantes del DUP.
May no puede pilotar el Brexit con la autoridad deseada e intentará
sortear la presión de europeístas y euroescépticos de todos los partidos
y regiones mientras resista en Downing Street. “Se está especulando que
el resultado de las elecciones puede conducir a un Brexit más suave
pero quedan todavía muchas voces a favor de un Brexit duro, además del
sector que no se inquietaría si no hay acuerdo con la UE”, advierte Stuart Thomson, director de la división de Asuntos Públicos en la asesoría legal Bircham Dyson Bell.
Es la segunda ocasión consecutiva en que un líder y conservador
fracasa en las urnas en citas innecesarias. May tenía de margen hasta
2020 para tantear a un electorado que, como la jubilada Brenda, está
harto de votaciones. Tan solo dos años atrás, en mayo de 2015, David Cameron había
obtenido una inesperada mayoría absoluta que permitió a los
conservadores gobernar en solitario por primera vez desde 1992. Pero el
ex publicista de alto pedigrí apenas duró otros 14 meses en Downing
Street. El terremoto del Brexit acabó con su carrera política.
En enero de 2013, Cameron prometió un referéndum sobre la permanencia
del Reino Unido en la UE. “Ha llegado la hora de que los británicos
decidan”, argumentó en Londres. El ahora ex primer ministro se plegó a
las presiones de los recalcitrantes euroescépticos de su partido con una
concesión entonces cargada de condicionantes: de ganar las legislativas
de 2015, negociaría una reforma de la UE con concesiones favorables
para el país y sometería el resultado al veredicto del pueblo.
La promesa del plebiscito conformó la piedra angular del programa
tory para contrarrestar el creciente atractivo del UKIP, que estaba
captando prófugos y votantes conservadores. Los conservadores ganaron
las generales de 2015 en contra de los pronósticos y Cameron fijó el
referéndum para finales de 2017 a más tardar.
Pocos meses después
Cameron dimitió arrollado por el 52% que renunció a secundar su opción
de permanencia en la Unión Europea. Fracasó en una votación que había
convocado para proteger su débil liderazgo y los intereres de su
partido. Su sucesora ha tropezado en la misma piedra, dejando al país
sin un timonel con la autoridad y el respeto necesarios para navegar por
las aguas inciertas del Brexit. Mientras, la cuenta atrás del plazo
oficial de dos años para abandonar el barco de la UE comenzó el pasado
29 de marzo.
LAS MONEDAS DE CAMBIO DEL BREXIT
Los derechos de los ciudadanos y la factura del divorcio son las
cuestiones prioritarias de las negociaciones entre Londres y Bruselas
que arrancaron formalmente el pasado 19 de junio. Ambas partes han
reiterado su voluntad de poner fin a la incertidumbre sobre el futuro de
los estimados 3,3 millones de expats -ciudadanos de la Unión Europea
asentados en Reino Unido y británicos residentes en los países del
bloque de los 27. Ambos asuntos dominarán la agenda de las reuniones que
el ministro británico para la Salida de la Unión Europea, David Davis, y el negociador de la UE, el francés Michel Barnier, confían mantener al menos una vez al mes durante la primera fase del proceso de negociación del Brexit.
Los ciudadanos europeos han pasado, pues, a ser moneda de cambio en
las negociones. La primera ministra, Theresa May, ha reiterado su
inclinación por garantizar su derecho de permanencia en el Reino Unido
con los derechos adquiridos, pero siempre se negó a dar el paso
unilateralmente sin asegurarse un trato recíproco del resto de Estados
europeos. Entre los escollos que puedan obstaculizar el consenso se
anticipan el derecho de reunificación familiar en Reino Unido y el
acceso gratuito al sistema de salud en el continente. Además, continúa
la incógnita sobre la política de migración que Londres aplicará a los
ciudadanos de la UE cuando se consume la separación.
La segunda cuestión prioritaria -el acuerdo financiero- puede romper
la baraja antes de que se reparta ninguna carta. En Bruselas se habla de
entre 60.000 y 100.000 millones de euros brutos en compensación por los
compromisos adquiridos por Reino Unido a lo largo de cuatro décadas de
asociación. Ningún ministro británico reconoce en público estas
estimaciones y el sector euroescéptico radical británico argumenta que
no se debería pagar ni un penique por salir de la UE. “Pueden ser las
negociaciones más cortas de la historia si Theresa May no consigue
acordar el enfoque del acuerdo financiero”, advirtió el mes pasado
Stuart Thomson, analista político en la asesoría legal Bircham Dyson
Bell.
Las negociaciones deberían llegar a un principio de acuerdo hacia
otoño de 2018 para dar tiempo a su aprobación en el Consejo Europeo y
los distintos parlamentos antes del 29 de marzo de 2019. Esta es la
fecha límite -aunque prorrogable por decisión de consenso de los 27- de
la pertenencia de Reino Unido al club de Bruselas.
No se prevee una
“fuga de empresas” el día cero del cisma, sino el traslado de
departamentos de firmas extranjeras, particularmente asiáticas y
estadounidenses, que requieren una presencia en la UE. “Brexit ha sido
un terremoto político más que económico. No existe ningún incentivo para
deshacer lo que está hecho desde la perspectiva económica y el Brexit
va a abrir oportunidades que España, de hecho, ya está aprovechando”.
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